ORBE (Santiago). Los diputados Jorge Burgos (DC), Laura Soto (PPD), Iván Paredes y Juan Bustos (PS) ingresaron hoy a la Oficina de Partes un proyecto de Ley que propone que casos derivados de riñas, asaltos, alcoholemia y de violencia intrafamiliar sean atendidos en Servicio Medico Legal con costo para el ministerio de Justicia -que cuenta con recursos para estos casos- y no en las Postas de Urgencias que implica recursos para el ministerio de Salud.
Según Paredes, la iniciativa busca terminar con el drama que se produce en los servicios y postas de urgencia por el aumento de pacientes y el consiguiente colapso en las atenciones médicas, como ocurrió recientemente en la RM.
"Permanentemente las postas de urgencia están absorviendo y asumiendo una responsabilidad que no les compete, pues no se ha corregido una falla que tiene el sistema con la puesta en vigencia de la Reforma Procesal Penal, a propósito del colapso que hemos visto en las postas de urgencia en los últimos días", comentó.
"Las postas de urgencia están asumiendo costos tremendos, cargados a su presupuesto y no al del ministerio de Justicia como debiera ser, por ejemplo en el caso de las alcoholemias que hoy se hacen en los servicios de urgencia con cargo a salud, estas debieran hacerse en el Servicio Medico Legal. Lo mismo pasa con los casos de los heridos por riñas callejeras o asaltos, o situaciones derivadas por la violencia intrafamiliar que deben ser cubiertas por el ministerio de Justicia", indicó.
Paredes subrayó que lo anterior se agrava con una facultad que tienen los fiscales que pueden ordenar la hospitalización so pena de sancionar por desacato al director del hospital que se niegue, sin que al herido lo haya chequeado un profesional de la salud.
Agregó que el proyecto que presentaron "busca justamente corregir la situación deficitaria en materia de financiamiento de los servicios de urgencia de salud y en el caso concreto de las postas de urgencia, para aliviar la sobrecarga de pacientes y el mal uso de recursos para casos que deben ser costeados por el ministerio de Salud, lo que en la actualidad representa a cerca del 10 por ciento de los casos que son atendidos en los servicios de urgencia del país".
Explicó que "la iniciativa restringe las facultades de los fiscales de ordenar las hospitalizaciones y se propone que ello sea previa certificación y diagnóstico de un médico o profesional de la salud, asimismo la iniciativa plantea que todo este tipo de atenciones como son las alcoholemias, los casos de violencia intrafamiliar, las riñas callejeras, asaltos, en donde haya que constatar lesiones, heridos a balas salvo en casos de extrema gravedad-debieran hacerse en el SML, que existe en todas las ciudades del país".
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